El desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el PODER JUDICIAL en nuestro país, es consecuencia del proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político dominante.
En España la invasión del poder, de la partitocracia, se ha materializado también en la presencia determinante de la política en nuestros órganos jurisdiccionales.
“Montesquieu ha muerto”, proclamó hace años el que era Vicepresidente de Gobierno, Alfonso Guerra. Lamentablemente su desparpajo se correspondía a la amarga realidad, incrementada incluso a día de hoy.
Pero no existe democracia verdadera sin un poder judicial independiente que garantice nuestros derechos individuales y sociales frente al poder progresivamente exorbitante del ejecutivo, un poder ejecutivo que en España no solo domina el legislativo sino mediatiza el poder judicial.
Es preciso un pacto democrático por la despolitización de la justicia y la plena independencia, efectividad y dignidad del poder judicial con los siguientes OBJETIVOS BÁSICOS ineludibles:
1) Elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: del Juez decano (en los partidos judiciales donde simplemente existan más de dos jueces, por sufragio directo de estos), de los Presidentes de audiencias provinciales y nacional (por sufragio directo de los jueces de su respectivo territorio), de las Salas de gobierno (por sufragio directo de los jueces de su jurisdicción y con arreglo a un sistema proporcional) y de los Presidentes de tribunales superiores de justicia (por las respectivas salas de gobierno, que igualmente podrán acordar por mayoría su cese).
Y, asimismo, elección por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y magistrados del país de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ.
Esta reforma, al acabar con todos los cargos de libre designación actualmente existentes en el poder judicial, democratizando así su constitucional autogobierno interno, no sólo comportaría para cada uno de los jueces y magistrados la mayor y más firme garantía de su independencia externa e interna, sino que además terminaría radicalmente con el actual estado de politización de la Justicia cortando, a su vez, de raíz, cualquier posibilidad de hacer carrera dentro del ámbito judicial al margen de los propios méritos personales y jurídicos.
2) El juez deberá seguir conservando la instrucción del proceso penal en tanto su proyectado candidato, el M. Fiscal, no sufra una profunda catarsis orgánica que le garantice su no dependencia del ejecutivo.
3) Inversión en justicia conforme a la media europea del 3,5% del presupuesto, en lugar de 1% actual, y cuyo objetivo se logre progresivamente en un máximo de cinco años.
4) Supresión de tasas judiciales de acceso a la justicia, ya que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución, y supone una doble imposi- ción para los ciudadanos.
5) Elaboración de una nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces/100.000 habitantes, en lugar de los 10/100.000 actual. Elaboración de esta nueva planta judicial que, por tanto, deberá realizarse teniendo muy en cuenta estas peculiares circunstancias y con la activa intervención de los jueces en su gestación en un proceso que culmine en un máximo de cinco años e incorpore mecanismos de automática actualización cada dos años.
6) Una única carrera judicial y un único cuerpo de funcionarios cuyos miembros sean seleccionados por parámetros objeti- vos, basados en la competencia y el mérito.

7) Una defensa eficaz para todos. Mejorar el turno de oficio mediante la equiparación gradual de la retribución de la prestación del servicio de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita.
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