Cuánta razón tenía Juan Roig, el presidente de Mercadona «la crisis no ha acabado y lo peor está por llegar»

Y JUAN ROIG VA A TENER RAZÓN según puedo leer en EL MUNDO S.XXI en su edición NACIONAL hoy 20 enero.

Cuánta razón tenía Juan Roig, el presidente de Mercadona, cuando advirtió en marzo de 2011 que «la crisis no ha acabado y lo peor está por llegar». 

Muchos encontraron exagerado, y otros muchos vimos como deprimente pero realista, que dijera que lo único bueno de 2011 es que sería mejor que 2012. 

Pero resulta que según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgadas por la agencia italiana Ansa, las cosas serán todavía peores: estaremos en recesión prácticamente los próximos dos años, nuestra riqueza caerá un 1,7% en 2012 y un 0,3% en 2013. Es decir que las cosas son peores de lo que parecían. Y aquí hay algo extraordinariamente raro. La variación del pronóstico español es la peor del mundo, ha sufrido un vuelco espectacular de 2,8 puntos porcentuales, porque el FMI vaticinó en septiembre de 2011 que España crecería un 1,1% este año y un 1,8% en 2013. Ninguna otra predicción, con excepción de la de Italia que varía 2,5 puntos porcentuales, ha sufrido un cambio tan rotundo. De pronto se nos ha cruzado una recesión que hasta septiembre los acreditados analistas del FMI no veían. En el caso italiano todavía se puede entender porque ellos han caído bajo las horcas caudinas de la deuda soberana a contar del verano, pero España ya estaba afectada mucho antes, así que lo único que podría justificar este cambio es el incumplimiento del objetivo de déficit que obligó a Rajoy a subir los impuestos. Pero Italia no tiene un problema de déficit y en cambio España tiene ambos (déficit y deuda) y la magnitud de la variación es muy similar. Los gobiernos y las misiones del FMI siempre negocian. De hecho suelen pactar el texto del World Economic Outlook (que es el nombre oficial de este informe que se conocerá oficialmente en unos días), donde se expresa el análisis macroeconómico del Fondo y se esbozan las líneas generales de rectificación. Sin embargo, dos ex secretarios de Estado me señalaron ayer que en su época (cuando Solbes y Rato dirigían la economía española) nunca se acordó la cifra de crecimiento del PIB y otros baremos.

Una variación de casi tres puntos en un vaticinio económico en apenas seis meses sólo puede justificarse por una catástrofe mayor o porque los expertos del FMI se dejaron seducir por la machacona insistencia con que la "socialista" Elena Salgado sostenía que en 2011 creceríamos un 1,3% y en 2012 un 2,3%. 

Me consta que Salgado y algunos de sus colaboradores creían firmemente que se ponía en peligro el crédito de España al cuestionar sus optimistas previsiones. Desgraciadamente el tiempo va dando la razón, y también a Juan Roig. Con una caída del PIB del 1,7%, el nuevo Gobierno tendrá que cubrir un déficit público adicional de casi 15.000 millones, 4.000 millones más que el ajuste neto efectuado en diciembre.

Desde UPyD hemos desarrollado 12 propuestas para sacar a España de la crisis económica y política. Hoy voy a hacer referencia a 4 de ellas

La crisis económica y reforma del Estado

Tenemos un Estado demasiado caro, complicado e ineficaz que ha empeorado la crisis económica de modo que la lucha contra la crisis comienza en su reforma: eliminando duplicidades, despilfarro y normas absurdas. Podemos ahorrar 26.000 millones anuales mejorando la gestión de las Comunidades Autónomas, y 14.000 más suprimiendo las Diputaciones y fusionando Ayuntamientos. Y más dinero suprimiendo miles de entes públicos innecesarios que consumen recursos y crédito sin producir servicios.

También derogando miles de normas locales que obstaculizan la iniciativa económica, restaurando el mercado único nacional y la libertad de circulación de profesionales y empresas. Así será posible mantener servicios básicos sin recortes, y dedicar el ahorro público a invertir en economía productiva.

Reforma laboral y creación de empresas

Padecemos un mercado laboral ineficaz e injusto, responsable del altísimo paro y en especial del juvenil.

Proponemos un contrato único indefinido con indemnización por despido creciente con el tiempo, que facilite la contratación de trabajadores y proteja más eficazmente a todos. Los contratos temporales deben ser excepcionales, sólo para sustituciones. Hay que facilitar y promover el trabajo a tiempo parcial, y el momento de la jubilación debe ser flexible y voluntario.

Deben desaparecer las trabas burocráticas para fundar empresas, y hay que dar apoyo fiscal a los emprendedores, además de erradicar la morosidad pública que arruina a pymes y autónomos. Debemos estimular la I+D+i y la industria digital, derogando la Ley Sinde, sustituida por una Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la evolución de la tecnología y a los derechos de autores y usuarios.

Crisis de de deuda y techo de gasto:

El gasto desbocado de las Comunidades Autónomas (55% del gasto público) es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Urge limitar por ley el techo de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, del mismo modo en que la Unión Europea limita el de todos sus Estados miembros.

La credibilidad y solvencia de España en los mercados internacionales exige cuentas públicas transparentes y rigor en la política fiscal, acabando con años de despilfarro, ingeniería contable e inversiones insostenibles.

Reformas en las Cajas de ahorros y sector financiero

Muchas Cajas de Ahorro han sido primero arruinadas financiando la burbuja inmobiliaria, y luego saqueadas por pésimos gestores impuestos por los partidos para acabar privatizadas sin control político suficiente ni información a los ahorradores.

El Banco de España es responsable por su pasividad, que ha dañado gravemente la solvencia financiera del país. Proponemos la urgente despolitización de las Cajas y del sector financiero, depurando responsabilidades y saneando bajo control público las Cajas quebradas para que, con gestores realmente profesionales, puedan volver a ser la banca de los pequeños ahorradores e inversores. Las ayudas públicas deberán ser devueltas al Estado, y las indemnizaciones, bonificaciones y privilegios de los cargos de las Cajas saneadas limitados drásticamente o eliminados.