El nuevo modelo de financiación autonómica presenta muchos riesgos. No ya para un concepto discutido y discutible como el de España, según la dialéctica inaugurada por nuestro Presidente del Gobierno, que podríamos denominar de la “discutibilidad”.
Sino también para las propias CC.AA., que es a fin de cuentas donde residimos y desarrollamos nuestros actos más fundamentales de la vida. Por lo cual, mucho nos resentiremos todos si el modelo no llega a buen puerto. Una vez hemos visto los posibles agravios comparativos que se fomentan, analicemos ahora los riesgos adicionales que se plantean. En esto, en el efecto local que plantean, sí que habrá que dar la razón, como veremos, a ciertos economistas del desastre.
1º El acuerdo alcanzado, se hace sobre el principio de corresponsabilidad fiscal. Esto es, los distintos gobiernos autonómicos, para afrontar el desempeño de sus competencias más importantes (sanidad, educación, servicios sociales), tendrán una parte muy importante de los impuestos recaudados en su propia Comunidad Autónoma. De manera progresiva, en 2011 serán responsables de gestionar el 50% de IRPF y Sociedades, el 58% de los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco y otros) y el 100% de impuestos tales como los de la electricidad o matriculaciones, por ejemplo. Se establecen cuatro fondos hasta alcanzar un total de 11.000 millones de euros, que aporta el Gobierno de España, y del cual participarán de manera variable las distintas CC.AA. para garantizar la prestación de sus servicios, atendiendo a diversos criterios que caracterizan a cada una de ellas, como es habitantes, población escolar, población protegida, territorio y dispersión, etc. Y todo ello con el ánimo de atender a la nueva realidad que el pasado modelo de financiación (2001) ya no puede atender habida cuenta de la profunda transformación operada en nuestra sociedad durante todos estos años. Bien, hasta aquí, lo que el Gobierno plantea y pone encima de la mesa. Plausible y con cierta dosis de racionalidad, por qué negarlo.
2º Las Comunidades Autónomas, comparecen a la mesa de negociación cada una de ellas con una abultada cartera de pretensiones. Desde “deudas históricas”, hasta “expolios fiscales”, etc. Por ejemplo, por tratar el tema del expolio fiscal, se argumenta que hay Comunidades que aportan a las arcas del Estado más de lo que reciben finalmente para la prestación de sus servicios, vía distribución de recursos tras atender el Gobierno central los criterios de solidaridad territorial. Pero frente a una cifra absoluta que hemos visto en el apartado 1º, ahora debemos enfrentarnos a diecisiete cifras absolutas distintas, caracterizadas todas por un origen diferente. Así, el “expolio” fiscal a Cataluña se cifraba en torno a unos 4.100-4.500 millones de euros anuales, aproximadamente, y que deberían ser restituidos en este nuevo proceso de financiación. Para el 2011 o 2012, tras una dura negociación (sobre-escenificación según algunos propios correligionarios del PSOE), consiguen de ese fondo común de garantía, unos 3.800 millones. Lo cual, ya ha sido presentado como un triunfo histórico del tripartito que por fin “consigue poner las cosas en su sitio”. De hecho, el President Montilla ya ha comparecido ante los medios locales en entrevistas de tono íntimo contando las bondades de sus logros. Y las embravecidas huestes de ERC lo presentan como una muestra de doblegamiento del Estado español y el paso previo a la independencia.
3º Pero claro, todas estas previsiones y estas cifras, están hechas con los datos consolidados de recaudación de 2007, en el que se recaudaron por parte del Estado unos 200.000 millones de euros, frente a los 140.000 estimados para 2009 después del descalabro económico en el que nos vemos sumidos. Y dada la enorme dependencia de los porcentajes que el nuevo modelo tiene ¿qué harán y como reaccionarán las CC.AA. cuando vean que su voracidad de gasto no su cubre con un tanto por ciento de algo…mucho menor de lo que pensaban en un principio? ¿Acudirán a secar los fondos de garantía, suficiencia, competitividad y cooperación, (es decir, aquello que conforma los 11.000 millones aportados por el Gobierno central y que no se sabe finalmente de dónde saldrán) en aras de un supuesto derecho prevalente y a expensas de otro? ¿se computará lo que falte a otra supuesta “deuda histórica”, “expolio fiscal”, etc., en definitiva, al alguno de los conceptos ya de sobras conocidos por todos nosotros? Pero existe una tercera vía, y es que las Comunidades Autónomas con competencia en las labores de recaudación y determinación de su tramo autonómico en los tributos (aquellas con organismo tributario propio, como prevé Cataluña en su Estatut) tendrán la opción de “apretar el acelerador” en la recaudación para alcanzar a esa finalidad.
4º Es una incógnita por qué vía se decantarán nuestros Virreyes de aquí a dos o tres años en los que el problema se suscite. Si adoptan alguna de las dos primeras, pues vuelta a empezar. No habremos adelantado nada. Simplemente se le habrá dado una patada hacia adelante al problema, y seguirá en el alero político la cuestión lo cual contribuirá más a la disolución de ese concepto “discutido” y “discutible” por “soluble”. Lo cual permitirá la renovación de tripartitos, la exacerbación del debate territorial y ahí andaremos, más de lo mismo. Cordones sanitarios en torno a quienes prediquen un poquito de racionalidad y otros ocho años de desesperanza. Parece algo medido, asombrosamente medido. Para el “demiurgo político” que pudiera haber detrás de todo este diseño, cabe más admiración que reproche, desde luego.
5º Si los Virreyes, como decíamos, no obstante optan por la última vía, ocurrirá con nuestro mapa como una antigua fotografía cuando se introducía en la cubeta del revelador. Se contornearán de manera nítida las diferentes zonas y regiones que conforman una imagen…muy contrastada en este caso. Económicamente, la transcendencia será enorme. Cada Comunidad Autónoma buscará la competitividad fiscal en un contexto global muy competitivo. Nuestra estructura productiva y económica depende sobremanera de la inversión extranjera, y de la no extranjera no deslocalizada pero que está en trance de hacerlo. Las posibles diferencias que se puedan dar entre territorios se magnificarán por obra y efecto de este arbitraje fiscal. Las inversiones extranjeras gozarán de unas infraestructuras igualadas por los fondos en zonas donde fiscalmente les sea el panorama más benigno. Las inversiones nacionales, pueden deslocalizarse dentro del Estado o en muchos casos fuera de él, habida cuenta de no estar dispuestas a financiar sueños medievales o programas sociales irrealizables que lo único que buscan sean votos. Y vuelta a empezar también, porque el argumento será “¿qué necesidad tengo de financiar una carretera que lleva a un sitio, con parte de unos ingresos que dejo de percibir, donde fiscalmente se trata mejor a la empresa que se me acaba de marchar. Que se la financien ellos.” Vemos pues que esos gobiernos nacionalistas, reivindicativos y montaraces, cuando no puedan mantener el ritmo de sus promesas (caras, desfasadas, tan quiméricas y fuera de lugar como crear un servicio diplomático paralelo o financiar escuelas públicas en un Estado soberano vecino como el francés), las cuales les permiten estar y perpetuarse en el poder, y todo ello en pleno contexto de una crisis generalizada, darán el siguiente paso: la reivindicación de su propio Estado.
De lo cual se deduce que inducir a la competencia entre CC.AA. aunque sea fiscal, tiene y tendrá unos efectos que no pasarán desapercibidos. Aquí el sentido de la palabra “competencia” debe entenderse en sus múltiples acepciones. Competencia como cualidad de alguien que tiene capacidad para hacer algo. Y competencia como atributo de un proceso en el que varios actores distintos van en pos de conseguir, cada uno y para sí, un concreto objetivo. Eso será la competencia fiscal y sus efectos. Esperemos que sea más un proceso de corresponsabilidad que no de competencia. Pero la responsabilidad, no es algo que abunde en nuestros días.
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